“Reformas continuas que emparejen la cancha política
y mejoren la calidad tributaria serán claves para que la desigualdad siga
cayendo aceleradamente en Latinoamérica. Lograrlas es un desafío”.
Cuando
la nativa indígena Ynaiá murió de amor por un marinero de la flota portuguesa
de Gonçalo Coelho, y fue enterrada en la iglesia de Porto Seguro, no sólo
Bahia, sino Brasil entero, era un territorio más igualitario que hoy. Medio
milenio y casi diez años pasaron desde entonces para que prosperidad,
estabilidad e igualdad volvieran a considerarse tan necesarias como
inseparables. Al menos así lo vivencian Sibele y Odair dos Santos. Al igual que
Ynaiá, viven en Porto Seguro. Juntos ganan R$1 300 (US$590) y su calidad de
vida despegó fuerte en la última década, gracias a la combinación de sus
esfuerzos, el alza del salario mínimo y de la ayuda de programas
gubernamentales.
En ese período, Sibele, de 32 años, pudo pasar de
trabajar en una panadería a tener un contrato como asistente en una escuela
para niños, mientras también estudia pedagogía en la universidad. No es un caso
excepcional. “Veo que, así como nosotros, muchas personas hoy en día tienen una
mejor vida”, dice. “Creo que es una tendencia, porque hay más crédito, más
facilidades, más ingresos, beneficios mayores y, por lo tanto, más acceso al
consumo”, se alegra.
Y es cierto. En Brasil los hogares con una renta
media per cápita de sus integrantes inferior a los US$2,5 diarios, cayeron del
24,1% en 1995 a 10,2% en 2011. Más notable todavía es que en 2004 eran el
24,4%. La misma situación se repite en casi toda América Latina. “Lo que
indican los estudios más recientes es que ha habido una disminución importante
de la desigualdad en casi todos los países en los últimos diez años”, confirma
César Bouillón, economista principal del equipo de investigación del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Debido a ello, agrega, la región como un todo ya no
tiene el título vergonzoso de ser la más desigual del mundo. Ahora, “los países
de Latinoamérica son los segundos más desiguales, luego de un grupo de África”.
Parece poco, pero no lo es: “Si en los 80 la mitad de los latinoamericanos eran
pobres, ahora sólo tres de cada diez lo son. Más de 100 millones de personas
han salido de la situación de pobreza”, agrega.
Democracia
de verdad. Por supuesto, menos pobreza no significa automáticamente más
igualdad. En Latinoamérica ahora sí. “Otras economías grandes en desarrollo,
como China e India, han visto aumentar su desigualdad”, aclara el economista,
lo cual hace mayor la virtud de la disminución de ambas en nuestra región.
Aquí, “los esfuerzos en reducción de la desigualdad reducen la pobreza y
contribuyen a la formación de las nuevas clases medias”, remarca Eduardo
Ortiz-Juárez, economista del PNUD Nueva York. De hecho, “en América Latina la clase
media aumentó en la última década de 21,9% a 31,3%. La reducción de la
desigualdad fue responsable del 23% de ese aumento”.
Que el lugar donde se define si las desigualdades
de origen en nuestra región se modificarán o se perpetuarán es el sistema
político, es algo en lo que coincide Celia Lessa Kerstenetzky. Coordinadora del
Centro de Estudios sobre Desigualdad y Desarrollo (Cedes), de la Universidad
Federal Fluminense (UFF), en Brasil, Kerstenetzky reconoce que “la desigualdad
económica hace su camino por dentro del sistema político”. Es una verdad
universal, aclara, que “dinero e influencia pesan mucho en política, sobre todo
en países muy desiguales”. Hablando de Brasil, pero en lo que puede aplicarse a
naciones como Colombia, Paraguay y muchas centroamericanas, Kerstenetzky
explica que “es bastante intuitivo comprender la dificultad en hacer una reforma
agraria decente en un país donde el grado de concentración de la tierra es de
los mayores del mundo: los intereses de los propietarios y los canales
políticos e ideológicos a los cuales tienen acceso privilegiado, y por medio de
los cuales sus intereses son vocalizados, se interponen en el camino”.
La solución es una democracia todavía más afinada,
afirma Huber. “El apoyo público de las campañas electorales tiene que ir
acompañado de normas que pongan límites al financiamiento privado de las
campañas y por el estricto cumplimiento de estas normas, con el fin de nivelar
el campo de juego para los partidos que representan los intereses de los más
desfavorecidos”. Eso también implica que la identidad de los donantes sea
pública. Ahora ¿podemos extender esta lógica a financiación de los partidos?
“Sí, ciertamente podemos”.
Círculo virtuoso. Un juego político más
transparente aparece, entonces, como condición central para que se sostenga un
círculo virtuoso que Latinoamérica, por primera vez en su historia, está en
condiciones de poner en marcha: un sistema de instituciones democráticas
promueve mayor igualdad, la mayor igualdad logra una mejora vigorosa del
capital humano y éste, a su vez, permite un desarrollo económico de alta
productividad que, entonces, financia el paso de un “universalismo básico” como
el actual, que intenta asegurar servicios de educación, salud y pensiones,
limitados en calidad, sólo a los más pobres a un “universalismo clásico”, donde
todos los ciudadanos pueden aplicar a los mismos, en una versión de alta
calidad. Ello en un contexto de tasas de interés bajas, tipo de cambio
competitivo y una política fiscal conservadora que contiene la inflación.
¿Se ha llevado a cabo alguna vez un proceso de este
tipo de manera exitosa? “Sí -contesta Huber- ése fue el modelo macroeconómico
de Noruega y Suecia durante la Edad de Oro del capitalismo de posguerra”. Aun
así, estamos en el siglo XXI y tales políticas deben reinventarse. Por un
problema de magnitud. México tiene 118 millones de habitantes y Brasil, 200
millones. Países “pequeños” como Colombia y Perú tienen 46 y 30,5 millones,
respectivamente. Incluso el espacialmente modesto Guatemala es habitado por más
de 15 millones contra los 9,5 millones de Suecia. Cantidad hace a calidad. De
hecho, programas de transferencias directas y focalizados como Bolsa Familia,
Renta Dignidad y Bono Juancito Pinto deben mirarse bajo otra luz cuando sabemos
que se aplican en naciones en las que la “focalización” puede incluir entre el
40% a 70% de la población, si se considera a los pobres o vulnerables a la
pobreza.
En tal contexto, esta primera oleada de descenso de
la desigualdad en la región se sostiene en los efectos de estos programas
inmensos en volumen, junto con políticas de aumentos en los salarios mínimos.
“En México se ha reducido la desigualdad alrededor de 1% por año. Es la 6ª
economía con el mayor descenso en la última década, motivada principalmente por
el programa de transferencias públicas como Oportunidades”, dice Ortiz-Juárez.
Y agrega que el programa “es el responsable del 18% de la caída de la
desigualdad”. Es importante también “el efecto en el mercado laboral, los
cambios en los salarios por hora; en particular, el crecimiento salarial entre
trabajadores ubicados en la parte baja de la distribución. Eso explica 50% de
la reducción de la desigualdad”.
Educación top masiva. Sin ser
hiperbólico, la tarea que resta es inmensa. Como ha escrito Marcelo Côrtes
Neri, presidente del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA (que
depende de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de Brasil):
“la verdad es que (todavía hoy) la desigualdad en Brasil permanece entre las 15
mayores del mundo, y llevaría por lo menos 20 años al ritmo de crecimiento
actual para alcanzar los niveles de los Estados Unidos, que no son una sociedad
igualitaria”.
¿Cómo seguir? De partida, debe haber un
desplazamiento de ámbito. “No podemos seguir dependiendo de las fuerzas del
milagro de las transferencias públicas progresivas”, predice Ortiz-Juárez. Es
el turno de la educación. “Una de las cosas que han incidido en que no haya más
descenso en la reducción es que hay una diferencia entre lo que el mercado
necesita y lo que el Estado ofrece en términos educativos”, agrega. Sucede que
“el Estado tiene un papel importante en el diseño y actualización de los
programas de estudio acordes con las necesidades de cada país a corto y largo
plazo”. Y eso es lo mínimo. Lo crucial es combinar extensión, calidad y costo.
El caso citado de Sibele, en Porto Seguro, resulta indicativo. En ese
municipio, solamente el 47,3% de la población entre 15 y 17 años tiene sus
estudios básicos (primarios y secundarios) completos. Y aun para ellos la
oferta terciaria de la región es mínima. Para colmo, en el caso en que esa
oferta sea demandada, su costo de US$136 mensuales resulta alto (en el caso de
la familia Dos Santos es el gasto individual más grande de la pareja,
representa el 23% de su presupuesto total).
Pero aquí topamos con un problema para el cual no
hay soluciones simples. Uno que afecta a naciones tan disímiles en su
estructura productiva como Chile y México. En el caso de este último, “entre
los factores que han inhibido la reducción de la desigualdad”, cuenta Alejandro
Tuirán Gutiérrez, ex consultor del Banco Mundial e investigador del
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo, “está la no generación de empleo de calidad”. México
crea cerca de 300.000 de estos empleos en un año, “cuando la población activa
económica se incrementa en más de un millón en el mismo período”. En Chile,
como botón de muestra de esto, el sistema agroexportador exitoso no cuenta con
una dotación mínima de genetistas que le permita mejorar su productividad. Como
no los demanda, las universidades no los producen. ¿O es al revés? La pregunta
puede aplicarse a casi todos los sectores de la economía chilena.
Responsable de estos desajustes es la segregación
en los sistemas educativos. Si bien en los casos de Argentina, Brasil, México y
Perú parte de la caída reciente en la desigualdad provino (aparte de las
mejoras antes descritas) del angostamiento de la brecha de ingresos entre los
trabajadores con alta y baja calificación, producto de avances en la
universalidad de la educación, lo que ocurre en Chile muestra los límites de
este proceso. “En Chile, un estudiante que solamente asistió a una escuela
municipal, tiene una oportunidad dramáticamente baja de obtener un puntaje lo
suficientemente alto, en las pruebas de aptitud nacionales, para entrar en una
de las ocho mejores universidades”, describe Huber. Es el efecto de la brecha
existente entre los alumnos del 10% de la población de mayores ingresos y el
resto.
Javiera Selman, investigadora asociada al Centre
for New Development Thinking, en la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile, explica cómo esta diferencia impulsa la supervivencia
intergeneracional de la desigualdad. “En Chile no se permite seleccionar, pero
los centros educativos lo hacen. Así, los colegios que seleccionan por ingreso
tienen mejores niños, porque vienen de padres con mayores recursos familiares o
de aprendizaje de ellos mismos: hay más capital cultural en sus casas”. Todos
elementos “que hacen que estos niños tengan más predisposición a aprender”.
Revolución impositiva. Un camino para revertir
esta realidad es transformar el sistema educativo público en uno de clase
mundial, algo que cuesta dinero. Mucho. Para obtenerlo es necesario reformar
los sistemas impositivos, y pocos lo necesitaban más que México. “Es el país
con la menor recaudación en América Latina. Recoge el 11% del PIB, lo que no
nos deja tener un sistema de protección social más comprensivo”, reseña
Ortiz-Juárez. En su caso la reforma acaba de hacerse, pero, a su juicio, pese
“a tener un carácter progresista, se quedó corta en términos del monto de la
recaudación”. Aun en aquellos países en que tales montos son,
proporcionalmente, mayores, su origen son impuestos al consumo (como el IVA) o
a las exportaciones (como las retenciones argentinas). “Es cierto que la región
tiene, en general, sistemas impositivos y de gasto que son regresivos”,
reconoce Bouillón, del BID; pero, matiza, en ello influye que también “tiene
tasas de 50% a 60% de informalidad laboral, que son 50% a 60% de trabajadores que
no pagan impuestos”. A su juicio, “hasta que esas personas entren al sistema,
aumentar el impuesto a la renta gravará más a los que ya pagan”, que de todas
formas pagan impuestos al consumo.
Y este esquema es un escollo duro como un diamante
para que haya más igualdad en la región. Enfrenta a las clases medias,
tradicionales o nuevas, al siguiente dilema: ¿Usar servicios públicos de
mala/regular calidad o pagar por los privados? Porque, si se aumenta su carga
impositiva y quieren optar por los privados, tienen que elegir entre a)
restringir su consumo y/o b) eludir. Por tanto, la diferencia entre el fracaso
y el éxito en el siguiente paso en pro de una mayor igualdad dependerá de que
cada país logre mantener o hacer retornar a la clase media a la educación y
salud públicas. “Esto es políticamente esencial”, advierte Huber, porque la
participación de la clase media en ellos “no sólo reduce el rechazo a pagar
impuestos para financiar servicios que no usan, sino que aprovecha las energías
y contribución a la educación de los padres de clase media”. Lo que ocurre en
Porto Seguro muestra la verdad del dilema. “Depender del SUS (Serviço Único de
Saúde) es terrible”, dice Sibele, que no puede pagar por un seguro médico
particular, pero querría hacerlo.
Selman estima que es necesario, igualmente, otro
tipo de reformas impositivas para mejorar la igualdad: crear créditos
tributarios. Esto es, tasas de impuestos negativas sobre los ingresos
declarados de personas o familias. “Las ventajas de este tipo de mecanismo -arguye-
son que reducen la pobreza al mismo tiempo que incentivan el trabajo,
disminuyen el estigma asociado a participar en programas sociales, estimulan la
formalidad de los trabajadores y tienen menores costos administrativos”.
Finalmente, más democracia y mejores impuestos
deben unirse a un tercer vértice que los retroalimenta. Un modelo económico de
apertura al comercio internacional que impulse “un aumento de los niveles del
ingreso per cápita a través de modernización industrial y ascendiendo en el
ciclo de producto a una mayor tecnología”, estima Huber. En ese marco, contra
lo que dicen ciertos prejuicios de izquierda, un modelo social igualitario no
necesita como requisito un sector fuerte de empresas estatales. Puede haberlo o
no, pero lo esencial es que existan “algunas medidas de control del flujo de
capitales que faciliten el manejo de la tasa de cambio y la tasa de interés”
para suavizar las crisis financieras globales. El ciclo clásico de tipo de
cambio fijo, orgía de consumo, déficit en cuenta corriente y ajuste traumático
que devastó a la región en las décadas del 70 y 80.
