Si algo ha marcado la política energética de este
gobierno han sido sus marchas y contramarchas. Pareciera que el futuro de
Petroperú no escapará a esta constante gubernamental y más bien seguirá los
pasaos del hasta tres veces frustrado proyecto de gasoducto del sur, del cual hasta
ahora casi nada se ha avanzado.
El último 31 de julio a través de una resolución
ministerial de Energía y Minas se aprobaron los “objetivos anuales y
quinquenales (2013-2017)” de la empresa petrolera. Al cabo de 72 horas el
documento fue retirado de la web y paso a una revisión o para estar a tono con
los tiempos a una “unificación de criterios”. Según diversos medios
periodísticos fueron presiones provenientes del todopoderoso Ministerio de
Economía y de su aún más poderoso ministro, Miguel Castilla, quienes habrían
objetado el plan de la petrolera y presionado por su retiro.
Más allá de objeciones razonables que puedan
realizarse al mencionado plan es preocupante la falta de claridad que tiene el
gobierno respecto a la empresa más grande del país. Como han señalado tanto el
ex ministro de energía Carlos Herrera, como el ex Presidente de Petroperú
Humberto Campodónico, los “vaivenes” e “incoherencias” a los que se está
sometiendo a Petroperú son preocupantes. Más aún si se toma en cuenta que desde
el año 2001 existe un consenso acerca de la necesidad de modernización de la
empresa y que desde hace dos años se debió comenzar el proceso de modernización
de Talara con el objetivo de finalizar esta en el 2015 y enfrentar exitosamente
las nuevas regulaciones ambientales.
Entre los principales objetivos planteados en el
desaparecido documento se planteaba el fortalecimiento de la presencia de
Petroperú en la producción de petróleo a través de la recuperación de los lotes
ubicados en la zona noreste, así como en la selva peruana. Se debe recordar que
el periodo de concesión de estos lotes está por vencer en los próximos dos años
y que ante este escenario funcionarios del propio gobierno han planteado la
participación de la empresa pública en su futura explotación. Es en este sentido
que el plan de Petroperú contemplaba la recuperación de estos lotes para la
empresa y su explotación directa o de manera asociada.
Otro de los puntos importantes de dicho plan era la
ampliación de la red de estaciones de servicio de Petroperú y adquirir 11 hasta
el 2017. Se debe recordar que la empresa pública no cuenta con una red propia
de grifos, siendo el comercio minorista una parte muy rentable del negocio de
combustibles.
Asimismo el plan contempla la modernización de la
refinería de Talara, así como el resto de las que posee la empresa pública. La
modernización no sólo permitirá aumentar en 50% la capacidad de refinación de
dicha refinería, sino que le permitirá cumplir los estándares ambientales que
entraran en vigor en el 2015. Con el recientemente recuperado lote 64
cuyo valor se estima en 5 mil millones de dólares, junto a los recursos que los
otros lotes petroleros generen luego de su reversión al Estado, se podrán
apalancar los recursos necesarios para la modernización de Talara. Cabe
recordar que fue el propio presidente Humala quien anunció durante su mensaje
por 28 de julio el inicio de los trabajos de modernización de esta importante
refinería. ¿Cómo puede ser entonces que la máxima autoridad del país sea
desmentida 6 días después de tan importante anuncio?
Llama la atención también como algunos sectores de
la derecha nacional se oponen rotundamente a la modernización de Petroperú,
bajo manidos argumentos como la existencia de tareas más urgentes para el
Estado o la supuesta inmoralidad de estas medidas. Sin embargo, estos mismos
sectores apoyan decididamente el pago de los bonos de la reforma agraria cuyos
montos algunos colocan alrededor de los 4500 millones de dólares. ¿Es lo de
Petroperú una inmoralidad y el pago de los bonos un acto de justicia?
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